Según documentos obtenidos por AP, antes de dar su visto bueno a la concesión de los puertos a Dubai Ports (valorada en 6.800 millones de dólares, 5.730 millones de euros), la empresa tuvo que aceptar el facilitar, cuando se le pidan, los registros sobre la "dirección de operaciones exteriores" de su actividad portuaria en Estados Unidos. Esos registros incluyen detalles sobre el diseño, el mantenimiento y las operaciones de los puertos y sus equipamientos.

En cambio, la Administración no ha pedido a Dubai Ports que guarde copias de sus informes de actividad de sus negocios en Estados Unidos, que podrían estar sujetos a la Justicia estadounidense, ni que designe a un ciudadano de enlace estadounidense, requisitos ambos que suelen estar incluidos en las concesiones a empresas extranjeras.

Las exigencias "no son laxas, pero tampoco son draconianas", afirmó un ex funcionario implicado en la redacción de los contratos, James Lewis, que admitió que si los negociadores hubieran previsto la tormenta política que iba a causar el asunto "los habrían hecho parecer más duros".