Los ciudadanos que asumen la convocatoria de la movilización citaron a los medios de comunicación a las doce del mediodía y leyeron un comunicado en el que se mostraron a favor de la resolución del conflicto.

Los convocantes destacaron "las posibilidades" del actual escenario para "acabar con el problema político" y se mostraron convencidos de que la mayoría de la ciudadanía comparte esta visión.

"Tenemos que resolver el conflicto y resolverlo bien para poder abrir un nuevo camino basado en la democracia. Somos conscientes de los problemas que existen y de las agresiones que padece nuestro pueblo y, si queremos desarrollar el camino a la democracia, es necesario acabar con todas estas agresiones. Euskal Herria tiene que dejar de ser un pueblo agredido", añadieron.

El grupo de ciudadanos afirmó que no se puede dejar pasar "esta oportunidad histórica" y que hay impulsarla para "solucionar el conflicto entre todos". Además, añadieron que "el clamor por las soluciones" tiene que "llenar las calles" y la ciudadanía tiene que estar "en la primera línea del proceso".

Garzón pide informes
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó anoche una providencia en la que pide a la Consejería vasca de Interior que le informe sobre la manifestación convocada para el sábado por María Jesús Aguirre Aristegui, para determinar "si se trata de un acto que pretende sustituir al desconvocado y apoyado por Batasuna, o no guarda relación con éste". En la resolución, Garzón dice que la manifestación convocada ahora es "de similares características a la desconvocada ayer", por lo que necesita que la Consejería determine "si hay coincidencias de horarios, itinerarios, convocantes y demás circunstancias".

En la resolución, Garzón dice que la manifestación convocada ahora es "de similares características a la desconvocada ayer", por lo que necesita que la Consejería determine "si hay coincidencias de horarios, itinerarios, convocantes y demás circunstancias".

También pide que se remita un mandamiento urgente a la UCI de la Policía y a la Guardia Civil para que presenten sus informes respectivos. Con estos datos decidirá si debe citar a declarar a María Jesús Aguirre, como hizo con el otro particular convocante de la marcha, José Luis Sayes, que hoy declaró como testigo.

El fiscal adscrito al caso, Juan Antonio García Jabaloy, solicitó en un escrito presentado ayer en el Juzgado Central de Instrucción número 5 que pidiera a la Consejería vasca de Interior que adopte las medidas oportunas para impedir la celebración de la manifestación convocada para el domingo en San Sebastián, así como de cualquier acto que pretenda sustituirlo. El juez dice que resolverá al respecto en el momento oportuno.

Asimismo, ordena que se unan a la causa que investiga contra Batasuna los oficios remitidos por la UCI en relación con la rueda de prensa ofrecida ayer por el portavoz de la formación ilegalizada Arnaldo Otegi.

Advertencia
Por otra parte, en el requerimiento que el juez comunicó ayer  a los cinco miembros de la Mesa Nacional de Batasuna que declararon ante él, como imputados, les "requiere con la advertencia de que la celebración de cualesquiera de los actos", como la manifestación del 13 de agosto, "Trabajos de agitación y propaganda" y movilizaciones previstas en todos los pueblos, " a los que se refiere la 'Circular Especial' presuntamente redactada por personas vinculadas a Batasuna, podrá suponer la adopción de medidas cautelares respecto de los promotores o personas que hayan confeccionado los mismos".

También será responsabilidad de los propios responsables de Batasuna que han comparecido ante él, "si no proceden a evitarlas, dada su presunta representación orgánica" en la formación ilegalizada.

En cuanto a la manifestación del domingo, finalmente desconvocada, el juez les ordena que retiren los carteles en los que se anunciaba y les hace "la advertencia expresa de que el desarrollo de la manifestación podría conllevar la adopción de medidas cautelares de carácter personal tanto contra las convocantes como contra los dirigentes del mismo, medida que la ley establece para restaurar el Orden Jurídico perturbado".