En un principio, la iniciativa de Coalición Canaria-Nueva Canaria (CC-NC) obtuvo el respaldo de la mayoría de la Cámara, pero la aceptación por parte de la formación nacionalista canaria de una enmienda popular hizo variar su postura.

En su intervención, el portavoz del CC-NC, Paulino Rivero, aclaró que su grupo no iba a aceptar o rechazar enmiendas "en función del color de quien las haya presentado. No vamos a jugar a la política en este sentido y vamos a estar a la altura de lo que exigen los ciudadanos que son medidas concretas".

Ante el Pleno, Rivero defendió la necesidad de acordar un Pacto de Estado sobre inmigración, pero dudó de que el camino más adecuado para lograrlo sea "agrediendo" al Gobierno de Canarias, en alusión a las críticas de ayer de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, hacia el Ejecutivo de esa comunidad autónoma.

"El comportamiento de mi grupo en esta materia ha sido siempre de responsabilidad absoluta, apoyando a los gobiernos de turno", subrayó Rivero, quien recordó que en lo que va de año han llegado al archipiélago 25.000 personas en cayucos o pateras.

Añadió que no se están cumpliendo las expectativas del Gobierno central respecto a que a partir de septiembre iba a remitir el fenómeno, y "los anuncios apuntan a que hay 15.000 cayucos pendientes de ser alquilados por las mafias en las costas de Senegal y cerca de 100.000 personas esperan dar el salto a Europa".

La moción de CC-NC pedía más medios para que sea efectiva la detección y, en su caso, expulsión de los ilegales que llegan por puertos, aeropuertos y fronteras terrestres; aumentar la inspección de trabajo para evitar la explotación de los extranjeros, y que "se proceda a cruzar a la información de los padrones municipales con las bases de datos de los extranjeros residentes legalmente".

Este último punto es el que más discrepancias suscitó entre los grupos por entender, entre otras cuestiones, que puede violar la ley de protección de datos, pero expresaron su apoyo a una enmienda de sustitución presentada por CiU a este apartado de la moción.

La enmienda de CiU solicitaba establecer los cauces interadministrativos necesarios y perfeccionar las bases de datos y los instrumentos informáticos para tener conocimiento "más preciso e inmediato de la situación de los inmigrantes ilegales".

En su intervención, el portavoz de inmigración de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, mostró su "perplejidad y preocupación" por la suspensión del vuelo que anoche debía repatriar a ciudadanos senegaleses desde Canarias a su país de origen, por "razones que no conocemos".

El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, se opuso también al cruce de datos del padrón, porque "supondría dejar sin los derechos elementales más básicos a miles de personas" (al no empadronarse para evitar el control no accederían a servicios como la sanidad).

La enmienda de IU-ICV pedía establecer canales estables de entrada con los países subsaharianos; programas de acogida "realistas" de doce semanas, en vez de los actuales 15 días, y crear un sistema de acogida integral duradero para menores y embarazadas.

Olaya Fernández (BNG) opinó que la solución al problema no pasa sólo por un mayor control policial y al igual que IU, Esquerra y PSOE avanzó que no apoyaría la moción en caso de ser aceptada la enmienda popular por parte de CC-NC.

Por su parte, la diputada socialista Pilar López elogió el esfuerzo del Gobierno y de las CCAA en la puesta en marcha de medidas para controlar la inmigración ilegal y pidió que nadie use este tema como arma arrojadiza en política.

La diputada del PP Pilar González defendió la extensión del SIVE (Servicio Integral de Vigilancia Exterior) a todas las islas canarias; intensificar el control de fronteras, en especial en los Pirineos, y el despliegue de la Armada en aguas internacionales próximas a Mauritania y Senegal.