Según informaron a EFE fuentes policiales, el dueño de la nave -que sólo tenía licencia para almacenar armamento inutilizado con fines cinematográficos- aún no ha prestado declaración ante los investigadores.

El siniestro tuvo lugar poco antes de las 9.00 horas en una nave del polígono industrial de La Cerámica, en el distrito de Puente de Vallecas, que sólo tenía licencia para almacenar armamento inutilizado con fines cinematográficos, pero en cuyo interior se guardaba otro tipo de material que la Policía Científica y los TEDAX seguían analizando a última hora de la tarde.

Murieron dos trabajadores
Las explosiones causaron la muerte de Valentín Fernández y Arturo Sánchez, dos trabajadores de una empresa colindante a la nave que fallecieron tras caer sobre ellos los cascotes de un muro y de una oficina auxiliar construida junto a éste.

Fueron sus propios compañeros quienes alertaron de la desaparición de los dos hombres, cuyos cadáveres fueron encontrados por los bomberos durante las tareas de desescombro.

Además, otra persona tuvo que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de La Paz en estado grave por quemaduras de segundo grado, cuatro más fueron trasladadas al hospital Gregorio Marañón con heridas leves y otras doce fueron atendidas por efectivos del SAMUR y dadas de alta en el mismo lugar de los hechos.

Después de que los bomberos extinguieran el incendio, la Policía Científica procedió a una primera inspección del lugar, en la que encontró "material no autorizado" que podría haber causado la explosión.

El propietario, detenido
El propietario del local fue detenido y a última hora de la tarde aún no había prestado declaración ante la Policía, informaron fuentes de la investigación.

La nave tenía licencia desde 1988 para almacenar armamento inutilizado con fines cinematográficos "pero no para albergar munición", según indicó el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón.

Según un portavoz de la Delegación del Gobierno en Madrid, el Servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil -competente en materia de explosivos- inspeccionó el pasado mes de febrero la nave accidentada y no detectó ningún incumplimiento de la normativa: no halló material no autorizado y constató que las medidas de seguridad eran correctas.

Sin embargo, la Policía Científica asegura en un primer informe elaborado tras el siniestro que "desde esa fecha" la nave ha estado almacenando "productos no autorizados que podrían haber causado la explosión".

La onda expansiva afectó no sólo a la nave colindante, sino también a una vivienda situada a varios metros de distancia y en la que se encontraba una mujer que sufrió heridas leves, su marido y sus dos hijos, que resultaron ilesos.

Trabajos de demolición
El Ayuntamiento de Madrid informó de que esta misma tarde comenzarían los trabajos de demolición de las naves afectadas por el siniestro, que causó el hundimiento del local donde se produjo la explosión y dañó sensiblemente a los dos almacenes colindantes, que también serán derribados.

Un total de cuarenta y cinco efectivos de los bomberos trabajaron en la zona con tres bombas y cuatro tanques, lo que permitió un rápido control del incendio, pese a que mientras realizaban las tareas de extinción se produjeron pequeñas detonaciones durante treinta minutos.

Ruiz-Gallardón, quien visitó el polígono horas después del suceso, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y aseguró que la investigación permitirá depurar las responsabilidades de este siniestro y conocer las causas de la "explosión brutal".

Evaluación de posibles negligencias
Por su parte, el concejal socialista del distrito de Puente de Vallecas, Rafael Merino, anunció que pedirá los informes pertinentes de los servicios de bomberos, policía y sanitarios para evaluar "si se ha producido alguna negligencia" en las actividades que realizaba el almacén.

CCOO de Madrid subrayó la necesidad de regular las actividades industriales y de servicios en la Comunidad de Madrid para evitar este tipo de accidentes y aseguró que ejercerá la acción popular en el proceso judicial para que "realmente se llegue hasta el final, no como sucede en la mayoría de los casos, que con la indemnización a la víctima se da por zanjado el asunto".