Para mitigar esa situación y tratar de paliar los efectos de la desertización en España el Ministerio de Medio Ambiente invertirá en el cuatrienio 2005-2008, en colaboración con trece comunidades Autónomas, 82,5 millones de euros.

Según la información facilitada hoy por este Departamento, las Comunidades en las que el riesgo de desertización es menor son las de Asturias, Galicia (en las que ese riesgo es nulo), Cantabria (el 0,28 por ciento del territorio presenta un riesgo bajo) y el País Vasco (el 6,69 del suelo tiene un riesgo medio).

La desertización y la degradación del medio que conlleva ese proceso en España es consecuencia de factores tanto climáticos como humanos, y para mitigarlo el Gobierno planea actuaciones como la implantación de cubierta vegetal protectora y fijadora de suelos, que tolere las condiciones de aridez extrema, la escasez de agua y las tensiones derivadas del cambio climático.

Además, el Ministerio emprenderá tratamientos adecuados a la cubierta vegetal protectora para garantizar su función, su estabilidad y su resistencia.

La Dirección General para la Biodiversidad está trabajando además en la realización de un Inventario Nacional de Erosión de Suelos, la creación de una Red de Estaciones Experimentales de Seguimiento y Evaluación de la Erosión y prepara el Programa de Acción Nacional contra la Desertización.

El inventario se realizará de forma continua y cíclica con una periodicidad de diez años y una precisión equivalente a una escala 1:50.000; la red permitirá establecer un banco de información sobre el ciclo de erosión, hidrológico y de calidad del agua; y el programa nacional se integrará en la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertización.

Los datos del Ministerio se dieron a conocer hoy en el transcurso de una jornada sobre "La desertización: problemática y soluciones en la España de las autonomías", organizada por la Fundación Biodiversidad y la Fundación Santander Central Hispano.

A lo largo de la jornada, que será clausurada por la ministra de Medio Ambiente y el presidente de la Fundación SCH, Cristina Narbona y José María Amusátegui, respectivamente, expertos de todos los niveles de la Administración analizarán los efectos de la desertización y plantearán soluciones para mitigarlos.