La enmienda fue rechazada por 135 votos a favor, 187 en contra y dos abstenciones de los bancos del PP, Jorge Moragas y Alicia Sánchez Camacho.

En el debate de totalidad al proyecto de ley y la enmienda a la totalidad planteada por el PP, el diputado de este grupo Gonzalo Robles defendió la devolución del proyecto de ley porque el Gobierno "ha vulnerado" varios supuestos, como la custodia de documentos, la defensa del interés general o los criterios de la UNESCO sobre los archivos de la represión.

Defensa de la ministra
En la defensa inicial de la iniciativa, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, recordó que el contencioso se remonta a los primeros años de la transición democrática y que la sustracción de documentos desde el inicio de la Guerra "a sus legítimos propietarios" da "un sustento moral y de justicia a las innumerables peticiones de restitución producidas".

Recordó la aprobación en el Congreso de una iniciativa en mayo de 2004 que instaba a abrir un proceso de diálogo entre el Ejecutivo central y la Generalitat para alcanzar un acuerdo que permita resolver el contencioso.

Aludió a las conclusiones del comité de expertos que consideraron "justas y legítimas" las reivindicaciones de la Generalitat y aconsejaron la apertura de un procedimiento para dar cauce a las reclamaciones de reconocimiento de titularidad y posterior restitución de documentos.

No es una ruptura
Para la ministra, "no puede hablarse de ruptura de la integridad del Archivo si una parte de sus fondos se remiten a otra institución con las consiguientes obligaciones de conservación, consulta y acceso excepcional a los originales", además de mantener copias en el de Salamanca.

Se refirió a la "apuesta" por el futuro del Archivo con la obligación por parte del Gobierno de crear un Centro Documental de la Memoria Histórica con sede en Salamanca y solicitó el apoyo del resto de grupos para dar solución "a una situación injusta".

Respecto a la enmienda a la totalidad del PP, señaló que tanto el procedimiento de aprobación del proyecto de ley como su remisión a las Cortes "ha seguido escrupulosamente lo dispuesto en la ley de gobierno y cuenta con los trámites preceptivos que exige", y negó que el procedimiento sea defectuoso por faltar dictámenes de la Junta Superior de Archivos.

"Urgencias" de los socios
La falta de esos informes fue otro de los motivos que esgrimió Robles para rechazar la iniciativa del Gobierno, que atribuyó a "urgencias" de sus socios parlamentarios "que han presionado" al Ejecutivo, al que también acusó de "despreciar y engañar" a los "miles de ciudadanos" que están a favor de la unidad del Archivo, como se demostró en la reciente manifestación de Salamanca.

Insistió en que el Gobierno, además de escuchar a Cataluña, también lo tiene que hacer con Castilla y León, pidió la retirada del proyecto e iniciar un proceso de "diálogo y de toma de decisiones entre todos de este patrimonio común de todos los españoles".

Robles llevaba dos pegatinas en la chaqueta a favor de la unidad del Archivo y puso otra en un micrófono y la vicepresidenta del Congreso, Carme Chacón, le rogó al final de su intervención que la retirara, lo que así hizo.

El resto de portavoces parlamentarios se mostraron a favor del proyecto de ley que algunos (PNV, EA, CHA y BNG) consideran insuficiente y quieren extender la devolución de los documentos a otras comunidades autónomas, instituciones y particulares, y en contra de la enmienda de totalidad del PP.

Manifiesto de la Comisión de la Dignidad
Los portavoces de CiU, ERC e IU-ICV leyeron el mismo manifiesto de la Comisión de la Dignidad -plataforma cívica que reclama desde hace años la devolución de estos documentos a Cataluña-.

El informe, que también cuenta con el apoyo de los socialistas catalanes en el Congreso, considera que la ley saldará una deuda histórica y celebra la devolución de los originales incautados a sus legítimos propietarios.

Joan Vilajoana, de CiU, hizo un homenaje a los grupos parlamentarios, diputados y políticos que en los últimos 25 años "han hecho un esfuerzo" para conseguir el retorno de la documentación a la Generalitat, "incluido Manuel Fraga, que lo pidió en el año 80".

Reparar una "injusticia"
La diputada del PSOE Teresa Cunillera, que insistió en que hoy se iba a reparar una injusticia y un expolio, recordó que del Archivo de Salamanca han salido documentos desde 1938 y se preguntó qué aportan a la unidad de éste, una carta de un hombre que se declara a una mujer y de un hijo a su madre, misivas que leyó en la sesión.

La ministra, al finalizar el pleno, acusó al PP de "haberse envuelto en una bandera demagógica y equivocada", señaló que "en un paso incomprensible de exageraciones, compara el conjunto de unos documentos, que casualmente están en Salamanca juntos porque fue la capital del alzamiento contra la España democrática, con la unidad del país", y estimó que "esas exageraciones se pagan".