A pesar de que el PP mantuvo la confianza de lograr el último de los 22 diputados por Pontevedra con el voto de los residentes ausentes (CERA), que supondría la mayoría absoluta, las esperanzas de los populares se desvanecieron al conocer el escrutinio de los votos, ya que los socialistas obtuvieron unos resultados muy similares a los del PPdeG, lo que hizo imposible reducir la diferencia de 8.160 sufragios.

La confirmación de este resultado pone fin a 15 años y medio de mandato de Manuel Fraga al frente de la Xunta, que tomó posesión en febrero de 1990, y abre una nueva etapa en la política autonómica de Galicia con un gobierno de coalición entre el PSdeG y el BNG para facilitar el "cambio" en la Administración gallega.

Tanto el líder del PSdeG, Emilio Pérez Touriño, como su homólogo del BNG, Anxo Quintana, ya confirmaron la noche electoral del 19 de junio que estaban dispuestos a buscar un acuerdo postelectoral para crear un gobierno de coalición. Asimismo, el líder socialista se comprometió hoy, conocido el escrutinio del voto emigrante, a dedicar "todas sus energías" para cumplir con el "mandato del cambio" dictado por los gallegos.

Gobierno diferente
Fuentes del PSdeG consultadas explicaron que Pérez Touriño tiene el deseo de "conformar un Gobierno diferente", en el que estarán "pocos miembros del grupo parlamentario", ya que la mayoría ajustada exige la presencia de todos los diputados en la Cámara para no perder las votaciones, porque la suma de socialistas y nacionalistas sólo dispondrán de un escaño de ventaja sobre el PPdeG.

No obstante, las fuentes consultadas explicaron que es segura la entrada en el Gobierno de José Luis Méndez Romeu y, con más dudas, el ex alcalde de O Carballiño, Pachi Vázquez. Por parte del BNG, se apunta la recuperación de los ex diputados Alfredo Suárez Canal y Xesús Veiga.

Así, aseveraron que el PSdeG considera "innegociables" algunas áreas como Educación, porque estima que es un departamento "muy sensible", que no se puede dejar en manos del BNG, un partido que ha defendido en diversas ocasiones la supresión de las ayudas a la enseñanza privada o concertada. También pondrán dificultades para que los nacionalistas accedan a las áreas de Economía y Hacienda.

Según estas fuentes, el resultado "marcó un cambio" en el electorado gallego, pero no hay que olvidar que el 45 por ciento de los ciudadanos "apostó por la continuidad". "La gente apoyó el cambio, pero tendrá que ser moderado y paulatino", explicó uno de los colaboradores de Pérez Touriño.

El PSdeG espera que las negociaciones se resuelvan de un modo "tranquilo y pacífico" y que el BNG no se exceda en sus demandas, ya que consideran que necesitan entrar en el Gobierno para "salvar la crisis" interna, agravada por la caída electoral de cuatro escaños en unos comicios en los que su "colaboración era clave" para impulsar el relevo de Manuel Fraga.

No obstante, los socialistas prevén conceder a los nacionalistas una vicepresidencia y un número de consellerías similar al porcentaje que representan los 13 escaños sobre los 25 de los socialistas. Con un número similar a las 14 consellerías actuales, los nacionalistas podrían dirigir entre cuatro y cinco. A esta situación hay que añadir la voluntad de sendos partidos para que la nueva Xunta sea un Gabinete paritario, con un número similar de hombres y mujeres.

Programa de mínimos
Por su parte, el BNG quiere asumir las principales áreas sociales, educativas y culturales y pactar con los socialistas un "programa de mínimos" para ejecutar a lo largo de la legislatura. En este sentido, los nacionalistas consideran más importante que su presencia en la Xunta tenga un marcado carácter de contenido político que de gestión administrativa.

Así, según fuentes del BNG consultadas por Europa Press, el objetivo es que se llegue a un acuerdo sobre un "programa de izquierdas, progresista y enfocado en lograr un avance en los derechos sociales de los gallegos". Para ello, reclamará las consellerías de Educación, Servicios Sociais, Empleo, Cultura o Innovación.

Otro de los objetivos del Bloque es lograr un acuerdo sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, para que reconozca a Galicia la condición de nación al igual que otras comunidades del mismo rango, como Cataluña o Euskadi.

Asimismo, los nacionalistas gallegos también quieren que su intervención en el Gobierno tenga una influencia decisiva en la definición del nuevo modelo de financiación autonómica. Así, el BNG defiende una agencia tributaria propia y que se salde la "deuda histórica" con Galicia.