A favor del proyecto de ley, votaron los parlamentarios del PSOE, PNV, ERC, Coalición Canaria, IU-ICV, el Grupo Mixto, dos diputados de Convergencia y de nuevo Celia Villalobos del PP, con lo que se superó la mayoría absoluta y se levantó el veto planteado en el Senado.

Momentos antes de la votación, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró que la ley del matrimonio entre homosexuales es "un paso más en el camino de la libertad y la tolerancia" iniciado en la transición y construye "un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros".

Al conocerse el resultado de la votación, la tribuna de invitados del hemiciclo estalló en un largo aplauso, respondido desde los escaños por los diputados que apoyaron el proyecto.

Desde el PP, su portavoz, Ana Torme, consideró que todo ha sido "táctica y oportunismo", "manipulación y cinismo", mientras que para el PSOE, en palabras de Carmen Montón, hoy es un día histórico en el que se demuestra "la madurez de la sociedad", que no está dispuesta "a soportar más injusticia".

Con esta ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, España se une al grupo de Bélgica, Holanda y Canadá, países que ya han aprobado sus respectivas leyes nacionales en esta materia.

Precedido de una fuerte polémica
Pocas leyes han suscitado en los últimos años el debate social que ha provocado la reforma del Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, una norma que ha enfrentado a políticos, jueces y organizaciones civiles y religiosas.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, que hoy aprobó el Congreso de los Diputados y que apoya el 56,9 por ciento de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, ha seguido una azarosa tramitación, aunque la mayoría parlamentaria del Congreso consiguió que superara sin problemas dos enmiendas a la totalidad y un veto.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió ya en su debate de investidura el 15 de abril del año pasado abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo y el 3 de julio se celebró en Madrid la marcha del Orgullo Gay, con el lema "Ahora sí".

El Consejo de Ministros aprobó el primer anteproyecto de ley el 1 de octubre del año pasado que incluía la posibilidad de adopción para las parejas del mismo sexo, opción que avalan el 42,4 por ciento de los españoles.

Meses antes ya habían comenzado a llegar desde el Vaticano las voces contrarias a la ley y el propio Juan Pablo II había transmitido a Rodríguez Zapatero, cuando lo recibió en audiencia en junio, su oposición a la norma.

La polémica llegó al ámbito judicial cuanto el Ejecutivo consideró que no era necesario que el Consejo General del Poder Judicial dictaminara el texto.

A pesar de ello, este órgano decidió elaborar un estudio, que fue aprobado por la mayoría conservadora, en el que se resaltaban las dudas sobre la constitucionalidad del proyecto desde el convencimiento de que el matrimonio "o es heterosexual o no es".

El Gobierno sí que pidió informe al Consejo de Estado, órgano que, aunque avaló la constitucionalidad, sugirió que las parejas del mismo sexo se regularan con una fórmula diferente del matrimonio.

Finalmente, sin modificaciones, el último Consejo de Ministros del año aprobó el proyecto de ley y lo remitió a las Cortes para comenzar su tramitación parlamentaria.

El 27 de marzo el pleno del Congreso rechazó las enmiendas de totalidad que habían presentado el PP y Unió Democrática de Catalunya y el 21 de abril mostró su respaldo mayoritario al proyecto, con 183 votos a favor, 136 en contra y seis abstenciones, para remitirlo al Senado.

La polémica se avivó cuando desde la Conferencia Episcopal Española se hizo un llamamiento a los católicos a votar contra la ley y cuando desde el Vaticano se recomendó a los funcionarios encargados de aplicarla que alegaran objeción de conciencia.

Los colectivos de gays y lesbianas y numerosos partidos políticos rechazaron de plano lo que consideraban una llamada a la "desobediencia civil" y el PP optó por presentar en el Senado una enmienda para que la ley reconociera la posibilidad de abstenerse en la celebración de bodas gays por motivos de conciencia.

Mientras, desde la sociedad civil, el Foro Español de la Familia decidió organizar una manifestación contra la ley antes de que ésta se votara en el Senado, una marcha a la que, en medio de las críticas, se adhirió la Conferencia Episcopal y más tarde el PP.

Numerosos obispos y dirigentes populares se unieron así el sábado 18 de junio a la multitudinaria manifestación que recorrió el centro de Madrid en defensa de la familia y del matrimonio entre hombre y mujer.

El mismo día, la Federación Estatal de Gays, Lesbianas y Transexuales (FELGT) hizo público un manifiesto en defensa de sus derechos civiles y en contra de la homofobia social.

El lunes siguiente el Senado celebraba una serie de comparecencias de expertos, una sesión que volvió a relanzar el debate cuando un catedrático citado por el PP, Aquilino Polaino, sostuvo ante los parlamentarios que la homosexualidad era una patología.

La ley llegó al pleno del Senado el miércoles 22 de junio con los vetos del PP y de Unió.

Este último, el primero que se votó, obtuvo la mayoría absoluta requerida para prosperar, ya que al parlamentario de Unió se sumaron los senadores populares, tres de Convergencia y uno del PAR.

Con una holgada mayoría absoluta, 187 votos a favor, 147 en contra y 4 abstenciones, el pleno del Congreso levantó hoy ese veto y aprobó definitivamente la ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.