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Nunca
se ha hablado en España tanto de la paridad política como
en la actualidad. El Partido Popular y el PSOE se
han enfrascado en una batalla dialéctica sobre cuotas, "mujeres
floreros", discriminación positiva y listas paritarias. Sin embargo,
la mayoría de partidos políticos coinciden en un punto: ha llegado
la hora de que la igualdad de oportunidades llegue también a uno
de los últimos reductos por ahora inaccesibles: los círculos de
poder.
Las estadísticas no dejan lugar a dudas. Según un estudio del
Instituto
Nacional de Estadística (INE), la representación
de mujeres no llega al 30% en el Congreso
de los Diputados, ni al 25% en el Senado.
En el ámbito autonómico y europeo, las españolas apenas
ocupan el 30% de los escaños. Ninguna mujer preside una comunidad
autónoma y el porcentaje de alcaldesas es del 10%. El informe
del INE concluye "aunque la igualdad de derechos entre hombres
y mujeres es reconocida por todos los Estados miembros de la Unión
Europea (UE), en la práctica, la igualdad
en los hechos sigue siendo todavía una ambición".
La caja de truenos
la destapó el presidente
de Castilla-La Mancha, José Bono, al anunciar
que su comunidad autónoma sería la primera en España, y una de
las primeras regiones en Europa, en reformar su Ley electoral
para garantizar la igualdad de género en las listas electorales,
es decir, que ningún de los sexos tenga más del 60% o menos del
40% de representación. La iniciativa de Bono no era nada nuevo
en su formación política. El PSOE presentó en noviembre de 2001
una proposición de ley en el Congreso para reformar la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)
con el mismo propósito. Y para dar ejemplo, la formación liderada
por José Luís Rodríguez Zapatero modificó su normativa
interna el pasado mes de abril para conseguir una organización
más igualitaria.
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"En la práctica, la igualdad en los hechos sigue
siendo todavía una ambición"
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Sin
embargo no fue Castilla-La Mancha, sino Baleares,
la comunidad autónoma en tener la primera Ley de Paridad en
España y Europa. El pasado 18 de junio, las cortes baleares
aprobaron la reforma de su normativa electoral con el apoyo
de la coalición gubernamental 'Pacto de Pogreso' y la negativa
del PP. El presidente de la comunidad, el socialista Francesc
Antich, afirmó que la Ley supone "dejarnos ya de los grandes
mensajes sobre la igualdad y pasar de las palabras a los hechos".
La normativa, conocida como "ley cremallera", establece que
los 59 escaños de la Cámara
legislativa balear se repartan casi por igual entre
hombres y mujeres.
Desde el partido socialista,
la diputada autonómica Francina Armengol calificó la
jornada como un "día histórico", y definió la Ley de Paridad
como un "símbolo, al igual que lo fue el logro de la II
República Española de conseguir que las mujeres pudieran
votar en España". Por su parte, la diputada popular María
Salom calificó la Ley de "insultante y humillante" para
las mujeres que accederán a la política para "ocupar un cupo"
y no por su valía.
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Para el presidente balear, la Ley de Paridad supone "dejarnos
ya de los grandes mensajes sobre la igualdad y pasar de
las
palabras a los hechos"
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Ocho
días después, las Cortes
de Castilla-La Mancha ratificaron la iniciativa
de José Bono. Al igual que sus colegas de las Baleares,
el PP castellano-manchego se opuso a la iniciativa, que prosperó
con los votos del PSOE y de la diputada independiente Albertina
Oria. La normativa obliga a los partidos políticos, federaciones,
coaliciones o agrupaciones de electores a presentar candidaturas
donde se alternen hombres y mujeres, por lo que un sexo ocupará
los puestos pares y el otro, los impares. La consejera de Administraciones
Públicas, Carmen Valmorisco, afirmó que ésta es
una medida "concreta y legal" para garantizar la paridad política,
ya que "no podemos aceptar el cauce natural para conseguir la
igualdad". Por su parte, el PP calificó la normativa
de "ley trampa y restrictiva" al limitar la participación política
de la mujer a un 50%.
Otras comunidades
autónomas, como Asturias,
Aragón
y Andalucía
podrían seguir el ejemplo de Baleares y Castilla- La Mancha.
La secretaria de Igualdad del PSOE, Micaela Navarro,
anunció que los Ejecutivos de estas regiones están preparando
sus propias leyes de paridad política. Navarro pidió al Gobierno
de José María Aznar "que se defina, porque queremos
igualdad de oportunidades, no que se escuden detrás de la Constitución
y de la ley, se trata de que hombres y mujeres avancen al mismo
tiempo".
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