En lo único que coinciden partidarios y detractores de la Ley es en la necesidad de reformar la LOGSE. No se ponen de acuerdo, sin embargo, en valorar el impacto que tendrán algunas de las iniciativas más polémicas del documento: los itinerarios, la reválida, los conciertos en la educación infantil, la enseñanza de la Religión, la separación -para algunos, marginación- de los inmigrantes, el gasto por alumno o la elección de los directores.

       La LOCE establece que en 3º de ESO, a los 14 años, los alumnos deberán escoger un itinerario entre dos posibles: el técnico-profesional, para estudiantes decididos a aprender una profesión, o el científico-humanista, para los que deseen ir a la universidad. Además, los alumnos que con 15 años no quieran incorporarse a ninguna de estas dos ramas accederán a los llamados Programas de Iniciación Profesional, de carácter eminentemente práctico, destinados a guiar a los alumnos en su trayectoria hacia el mercado laboral, una medida que, sin entrar a valorar su idoneidad, se salta a la torera el principio de educación obligatoria hasta los 16 años.

       Mientras el Gobierno asegura que los itinerarios orientan al alumnado y potencian su aprendizaje, al crear grupos reducidos de jóvenes con aptitudes similares, la oposición opina que la medida margina a los alumnos que, por circunstancias que frecuentemente sobrepasan lo puramente académico, no alcanzan el nivel de sus compañeros. Así, en lugar de optar por el refuerzo académico y el apoyo social a los alumnos rezagados -por motivos casi siempre familiares y, desde luego, económicos-, el Gobierno se decanta por el simplista 'los tontos con los tontos', una fórmula que, dicen los anti-LOCE, trata de esconder los problemas de forma hipócrita en lugar de corregir sus causas. Además, el Gobierno ha diseñado el sistema de itinerarios sin responsabilizarse de la oferta de éstos en todos los centros, una tarea que queda en manos de las autonomías, que deberán financiar su costosa implantación.

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La oposición opina que los itinerarios marginan a los alumnos que, por circunstancias económicas o sociales, no alcanzan el nivel de sus compañeros

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       La Prueba General del Bachillerato (PGB) o reválida, que consiste en la realización de un examen general al final del Bachillerato, es otro punto polémico de la Ley. Para las organizaciones de alumnos contrarias a una prueba que consideran heredera directa del franquismo -mientras el Gobierno la califica de "europea"-, la supresión de la selectividad no es más que un truco para añadir a la fatigosa reválida las pruebas de acceso universitarias. Así, la desaparición de la selectividad, un examen que pese a sus defectos garantizaba la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad, da lugar a la implantación de dos pruebas: la PGB y los diferentes exámenes de acceso a la universidad ideados y evaluados con peligrosa libertad por cada centro.

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Mientras algunos estudiantes creen que la reválida es 'franquista', el Gobierno la califica de 'europea'

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       Por otra parte, sindicatos, alumnos, docentes y políticos critican el cinismo del Gobierno al lanzar medidas aparentemente aperturistas que en el fondo esconden, dicen, la concesión de privilegios a los poderosos. Es el caso de la gratuidad en la educación infantil, una etapa no obligatoria a la que, sin embargo, muchos padres acuden a causa, dicho sea de paso, de la existencia de un mercado laboral poco sensible a la maternidad. El Gobierno establece concertar guarderías, por lo que concederá enormes partidas de un ya de por sí insuficiente presupuesto educativo a la enseñanza privada no obligatoria, en detrimento de la enseñanza pública obligatoria, asegura el bloque anti-LOCE. Éste, sin embargo, insiste en la perspicacia del Gobierno al presentar una iniciativa populista aunque perversa, que finalmente constituye un nuevo mazazo a la maltratada escuela pública.

       Asimismo, los maestros en educación infantil se quejan de lo que algunos expertos consideran uno de los mayores errores de la Ley de Calidad: la eliminación de la función pedagógica de la enseñanza de 0 a 3 años y su nuevo papel puramente asistencial. Así, las guarderías se convertirán en centros de asistencia y los maestros en 'canguros', poniendo fin, dicen los docentes, a uno de los grandes logros educativos de los últimos años.

       La inclusión de la nota de Religión en el expediente académico, la repetición de curso y la financiación son otros aspectos polémicos. La oposición se queja no sólo de que España se sitúe a la cola de la UE, sólo por delante de Grecia, en cuanto a gasto educativo y, en consecuencia, posea las tasas más altas de fracaso escolar, sino de que la cantidad destinada a financiar la implantación de la Ley sea irrisoria en comparación con el presupuesto de otras reformas, como la británica. Le parece, además, una prueba del intrusismo del Gobierno que los directores ya no sean elegidos por los consejos escolares, sino por comisiones constituidas por representantes de la Administración y los órganos colegiados de los centros.