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El
sector de los cibercafés ha ido creciendo gradualmente
en España desde 1995, cuando se inauguraron las primeras salas
privadas de acceso a Internet: El Café
de Internet de Barcelona y La
Ciberteca de Madrid. Los estudios revelan que
alrededor de un 20% de los internautas españoles -un millón
y medio de usuarios- se conectan a través de estos locales ya
que, en muchos de los casos, es el único acceso para aquellas
personas que no disponen de los medios necesarios para adquirir
un ordenador.
Sin embargo, durante este año, los cibercafés han visto
como sus actividades se encuentran frente a un grave peligro.
La voz de alarma saltó cuando el Ministerio del Interior
ejerció de 'malo de la película a través de un sicario
llamado Comisión
Nacional de Juego. Su idea inicial era considerarlos
salas de juego, impidiendo el acceso a menores de
18 años y exigiendo el bloqueo a todo tipo de juego en Red o por
ordenador, con o sin realización de apuesta. Por suerte, el Ministerio
de Ciencia y Tecnología medió en el asunto y, como buen 'sheriff
de CiberTown', calmó los ánimos promulgando que estos establecimientos
no tendrían que ser incluidos en las leyes de juego, sino que
deberían ser regulados independientemente o no regulados. Incluso
se habló de utilizar los cibercafés para la alfabetización
digital, uno de los objetivos más inalcanzables del
polémico Plan
Info XXI. Desde luego, es todo un intento de ver
a estos locales como lugares de desarrollo de la Sociedad de la
Información y no como salas de juego recreativo.
De momento, esta filosofía
ha hecho desistir a la cartera del Interior pero no así a determinadas
Comunidades Autónomas 'rebeldes',
que siguen en su empeño de ejercer -cada una a su manera- sus
delegadas competencias sobre las leyes de juego. Así, han
decidido incluir en su legislación a los cibercafés como Salones
de Máquinas Recreativas (tipo A o Arcade) y han procedido al cierre
de algunos de ellos por considerar que no cumplían con las exigencias
autonómicas. Se trata, según las asociaciones de internautas,
de unas normativas que no sólo pueden dejar 'fuera de juego' -nunca
mejor dicho- a los cibercafés, sino también a los PCs puestos
a disposición de los usuarios en ayuntamientos, bibliotecas, universidades
o cualquier otra entidad pública que ofrezca acceso a Internet.
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Alrededor
de un 20% de los internautas españoles -un millón y medio
de usuarios-
se conectan a través de estos locales
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El
caso que más ampollas ha levantado es el de La
Rioja. Con el objetivo de desmantelar los cibercafés
de carácter particular, está abriendo cibertecas
gestionadas por el Ejecutivo regional. Para ellos, en estas
salas privadas no se realiza ningún tipo de actividad ajena
al juego, como puede ser el envío de e-mails, la consulta de
información o el tratamiento de documentos con una aplicación
ofimática. El gobierno riojano prevé la apertura de un total
de 40 salas públicas, dos
de las cuales ya han sido inauguradas, y sigue cerrando numerosos
cibercafés por considerarlos salas de juego recreativos ilegales.
Por lo tanto, está clausurando negocios que funcionan sin coste
público para sustituirlos por otros pagados con impuestos.

Por su parte, en Catalunya,
la Generalitat
quiere modificar su normativa para introducir una figura
que englobe al juego en los cibercafés. Bajo el pretexto de
evitar el acceso de los menores a juegos
de ordenador violentos, pretende aumentar las cargas
impositivas de estos locales. De esta manera, los juegos de
ordenador en Red de las cibersalas tendrán el mismo rango que
la lotería, la ruleta, el bingo, la rifa, la tómbola, las máquinas
recreativas y las apuestas hípicas. Según ellos, no pretenden
frenar el desarrollo de las Nuevas Tecnologías sino que se deriven
malos usos de éstas. En el mismo sentido se han
postulado el País Vasco,
la Comunidad Valenciana
y la recién recapitulada Comunidad
de Madrid.
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La
Rioja está clausurando negocios
que funcionan sin coste público para sustituirlos por otros
pagados con impuestos
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Esta
insistencia es debida, según algunos, por una 'mano negra' personalizada
en la presión que ejercen los empresarios
del sector recreativo. Poco a poco van viendo como
pierden clientela, sobre todo jóvenes, a favor de los cibercafés.
Y es que, además de proporcionar juegos en Red, son más baratos
y ofrecen un divertimento que nada tiene que envidiar, en cuanto
a calidad, a sus mejores maquinitas psicodélicas. Además, los
salones recreativos consideran que los cibercafés les
están haciendo competencia desleal, pues están abiertos para
proporcionar conexión a Internet pero ofrecen otros productos
que poco tienen que ver con la Red. Las leyes de juego intentan
legislar un mayor número de actividades que, en muchos
de los casos, no están relacionadas ni con las apuestas ni con
la defensa del usuario. De ahí que esta herramienta consiga
un efecto totalmente contrario. Algunos incluso encuentran el
problema en una limitación lingüística del castellano
que, a diferencia del inglés, no dispone de vocablos diferentes
para definir ciertas actividades de ocio. El idioma anglosajón
distingue entre 'gambling' -para referirse a juegos con apuestas-
y 'gaming' -juego de niños o sin apuestas-. De ahí, que las
fronteras queden mucho menos confusas.
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AUI:
Ni por su función social, ni técnicamente,
ni por el nivel de ingresos, se pueden
equiparar a las salas recreativas
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Vista la gravedad
del asunto, Mundo
Internet 2002 fue el escenario del nacimiento
de la Asociación Nacional de Cibers (ANC) en febrero
de este mismo año. Se trata de un organismo que pretende convertirse
en el punto de referencia de los más de 1.000 establecimientos
de esta clase que existen actualmente en España. Este colectivo
defiende que es técnicamente imposible realizar el bloqueo propuesto
pues eso obligaría a cerrar el acceso a todos los portales españoles
y extranjeros, ya que todos contienen juegos. Igualmente, todos
aquellos ordenadores que usen el sistema operativo Windows -que
lleva ciertos juegos incluidos por defecto- serían también considerados
por la ley máquinas ilegales. Por su parte, el director de la
Asociación de Usuarios de Internet,
Javier Solá, afirma que nos parece increíble que
una Administración, que dice estar comprometida con el desarrollo
tecnológico, proponga una regulación que puede dejar sin acceso
a Internet de un plumazo al 20% de los usuarios y, en particular,
a los de menor poder adquisitivo. La AUI también
considera incoherente mezclar los juegos de ordenador
con las modalidades en las que se apuesta dinero y pone como
ejemplo a los futbolines y billares, que no están catalogados
como máquinas recreativas. Defiende que, ni por su función social,
ni técnicamente, ni mucho menos por el nivel de ingresos, se
pueden equiparar a las salas recreativas. La aprobación de estas
normas supondría el cierre de gran parte de los cibercafés españoles
por falta de licencia o, por lo pronto, una subida considerable
en las tarifas de conexión.
Para
rizar más el rizo, los más catastrofistas piensan que se
puede llegar a una situación como la de China,
donde 17.000 cibercafés han sido cerrados y, los que quedan
abiertos, sufren una gran censura. Igualmente del mundo oriental,
y para refrendar lo que defienden las Comunidades Autónomas,
llegan noticias de personas que han muerto o que han provocado situaciones
bastante extrañas por un mal uso de las salas de conexión
a Internet. En Taiwán un joven
de 27 años murió tras pasarse 32 horas jugando ininterrumpidamente
con un videojuego. Al parecer falleció por agotamiento al pasar
demasiado tiempo sentado en la misma posición. De ese mismo país
sorprendió el caso de otro taiwanés que permaneció 9 meses en un
cibercafé, instalado delante del ordenador, sin asearse. Y es que
allí sale más barato vivir en un local de este tipo que en una pensión.
Pero, evidentemente, el caso asiático no es, para nada, aplicable
a España.

Sea como sea, una cosa
son los efectos que pueden causar ciertas adicciones a los videojuegos
y otra, muy diferente, que se generalice la idea de que en los cibercafés
sólo se promueven estas aficiones. Es positivo que, de alguna manera,
se intente controlar el acceso de menores a determinados contenidos
dañinos. No obstante, lo perjudicial es que, sin que exista
una ley adaptada a los tiempos en los que vivimos -donde el ordenador
es necesario y cualquier ciudadano debería tener acceso a la Red-
se cierren establecimientos de este tipo. No por nada estamos, todavía,
en la cola de Europa en cuanto a las conexiones a Internet.
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