Lucio Gutiérrez, doce meses de esperanzas frustradas

Juan Carlos Galindo

PERIODISTA

Publicado en http://www.infosolidaria.org

El 15 de enero de 2003 el nombramiento de Lucio Gutiérrez como presidente de Ecuador abría un periodo de esperanza para uno de los países más pobres de América Latina. Poco antes, el 24 de noviembre de 2002, el ex general Gutiérrez había conseguido un 54,3 por ciento de los sufragios en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que disputaba a Gustavo Noboa.

Gutiérrez saltó a la arena política el 21 enero de 2000 cuando, capitalizando el descontento popular, lideró un golpe de Estado e instauró una efímera Junta de Gobierno de Salvación Nacional. Una vez encauzada la crisis, la elite blanca toma el control de la situación, el parlamento nombra presidente a Gustavo Noboa y Gutiérrez pasa cuatro meses en la cárcel.

Tres años después, Gutiérrez tenía la posibilidad de llevar a cabo su ambicioso programa electoral, centrado en las reformas sociales y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el punto de partida era complicado: el partido oficialista “Sociedad Patriótica 21 de enero” sólo contaba con 13 de los 100 escaños del Parlamento. En todo caso, desde el primer momento el Presidente matiza su discurso y entra en serias disputas con los indígenas del movimiento Pachakutik, socios de Gutiérrez en el Gobierno.

Pocas semanas después de su nombramiento empiezan las contradicciones. La elección de Mauricio Pozo como ministro de Economía, cargo que ha ocupado durante los últimos diez años, no parecía un símbolo de la prometida renovación. En febrero de 2003 Ecuador firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la concesión de importantes ayudas económicas. Entre las exigencias del FMI se encuentra la austeridad fiscal, medida difícilmente compatible con uno de los grandes objetivos del nuevo presidente: el aumento del gasto público centrado en una mejora significativa del sistema educativo y la atención sanitaria.

Por otro lado, este acuerdo ha aportado al país una importante estabilidad macroeconómica que ha permitido una reducción de la inflación, situada en el 6 por ciento. Además, la subida del precio del crudo (Ecuador exporta 83.000 barriles al día) ha aumentado los ingresos del Estado y, junto con los 1.600 millones de dólares enviados por los inmigrantes, han reducido el desequilibrio de las balanzas de pagos. A pesar de estos pequeños éxitos macroeconómicos, la percepción de la población sobre la gestión económica de Gutiérrez es negativa y la situación no deja de empeorar. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), más del 65 por ciento de los hogares ecuatorianos se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, el desempleo oficial se sitúa en el 10 por ciento (si bien el 47 por ciento de la población tiene trabajos temporales desarrollados en la economía informal) y la congelación de los salarios públicos ha reducido el poder adquisitivo de decenas de miles de ecuatorianos. Además, a pesar de las promesas electorales, no se ha reducido el IVA y, por el contrario, el precio de los carburantes ha aumentado. Por último, su rechazo absoluto al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) ha quedado muy matizado a lo largo de este primer año de presidencia.

Los problemas y contradicciones de Lucio Gutiérrez no se reducen al plano económico. El 20 de febrero, un mes después de afirmar que León Febres Cordero era el hombre más nefasto del país, Gutiérrez firma una alianza con el conservador Partido Social Cristiano (PSC), dirigido por el propio Febres. Los cambios en las alianzas y los miembros de su gobierno han sido continuos. Desde febrero de 2003 once ministros han dejado su puesto. Sólo los de Economía y Finanzas (Mauricio Pozo), Comercio Exterior (Ivonne Buki), Defensa Nacional (Nelson Herrera) y Obras Públicas (Estuardo Peñaherrera) se mantienen en el cargo. En la última reestructuración del gobierno, llevada a cabo el 17 diciembre, se nombraron siete nuevos ministros y tres secretarios de la Presidencia.

Por otro lado, la pérdida de apoyos ha sido constante durante los últimos meses. Ante el incumplimiento del programa electoral, el Movimiento Popular Democrático (MPD) salió de la coalición de gobierno en julio. En agosto, la dimisión, forzada por el presidente Gutiérrez, de la ministra de Educación y representante del movimiento Pachakutik, Rosa María Torres, desencadenó la crisis entre el Gobierno y sus socios indígenas. Las divergencias, iniciadas en febrero a partir del desacuerdo por la política fiscal, supusieron el fin del pacto político y la salida del Ejecutivo de los representantes de Pachakutik, que, en ese momento, ocupaban las carteras de Turismo, Agricultura y Educación.

La situación de descrédito de Gutiérrez aumentó cuando le alcanzó la sombra de la corrupción y el abuso de poder, contra los que había prometido una verdadera “cruzada”. Así, el 31 de marzo, Napoleón Villa, cuñado del presidente, se ve obligado a dimitir de la Gerencia del Fondo de Solidaridad después de que se descubriese que Gutiérrez violó varios reglamentos para nombrarle y concederle plenos poderes. Por otro lado, el pasado 14 de noviembre el diario "El Comercio" publicaba una información según la cual, el empresario César Fernández, detenido en octubre y acusado de narcotráfico, donó 30.000 dólares a la campaña presidencial de Gutiérrez.

El balance del primer año de presidencia de Lucio Gutiérrez no puede ser más gris. Todo su capital político ha quedado dilapidado en doce meses. Sus continuos cambios de política, su incapacidad para llevar a cabo las reformas necesarias y su falta de voluntad para cumplir con las promesas electorales han reducido enormemente su popularidad. El descontento y las protestas se suceden estos días en Quito. Mucho tiene que cambiar la política del presidente para no convertirse en una burda repetición de lo que un día prometió abolir.