Las cosas han cambiado mucho desde que Pilar del Castillo hizo público el primer borrador de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), hace pocas semanas. Desde entonces, estudiantes, profesores y rectores han ejercido una oposición implacable y prácticamente unánime a un documento que tachan de retrógrado, privatizador y unilateral, saliendo en bloque a la calle para forzar su retirada. Pero si algo ha cambiado profundamente desde la aparición de la LOU es el vínculo que hasta ahora unía a autoridades y ciudadanos. Por primera vez en mucho tiempo, estudiantes y políticos no se molestan en disimular que se han perdido el respeto.
Laura Conde Redacción Barcelona

        eterminar quién empezó antes depende siempre del cristal con que se mire. Pero lo cierto es que entre Del Castillo y los universitarios han surgido tiranteces que sobrepasan los límites de lo político. Los estudiantes lamentan que la ministra les califique de influenciables, siempre con un tono de resentida condescendencia al asegurar que a los jóvenes les encanta armar revuelo y que cualquier excusa es buena para perder clase. Son tan "manipulables", dice, que se han dejado lavar el cerebro por un PSOE deseoso de hacer por fin oposición, pero ninguno de ellos posee argumentos sólidos para descalificar la LOU.

        Dolida, la élite cultural de la generación veinteañera española asegura que la ministra se encuentra tensa en democracia, que su carácter inflexible y su aversión al diálogo llevan el aroma rancio de tiempos pasados. "Pilar del Castillo es hija del Caudillo" es, de hecho, una de las consignas más coreadas en las manifestaciones. En una ocasión, Cándido Méndez señaló, apenado, que el gran problema de una LOU "que ha nacido muerta" es que la ministra cree en ella ciegamente, con una confianza tan enfermiza que la ha convertido en una suerte de libro sagrado, inamovible e incuestionable. Algo que también disgusta a los estudiantes, no sólo porque opinan que la LOU sólo conseguirá agravar las miserias del sistema universitario español, sino por la actitud siempre desafiante y sarcástica mostrada por el Gobierno.

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Cándido Méndez señaló en una ocasión que el gran problema de la LOU es la fe ciega profesada por la ministra
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        Los manifestantes coinciden en que la LOU fomenta la privatización de la universidad, algo que, para Del Castillo, constata que no han entendido una Ley, "que no dice ni una sola palabra de privatización". De hecho, el propio José María Aznar se declaró sorprendido ante las consignas por la universidad pública que se coreaban en las manifestaciones y coincidió con su responsable de Educación en que los huelguistas se habían apropiado de argumentos que no venían a cuento.

        Sin embargo, las propuestas de la LOU son privatizadoras. Y lo son en dos sentidos: la participación de empresas privadas en la gestión universitaria y las ventajas otorgadas a los centros de pago. La LOU establece la financiación de grupos de investigación por parte de empresas privadas, lo que, según los estudiantes, conducirá a que prime el interés económico sobre el académico a la hora de seleccionar proyectos. Por otra parte, los profesores de universidades privadas gozarán de privilegios frente a los de la pública: un 75% de ellos podrá ser seleccionado libremente por cada centro sin necesidad de enfrentarse a las numerosas pruebas que afrontan los profesores de la pública.

       Otro elemento privatizador introducido por la LOU se encuentra en el Consejo Social. Este nuevo organismo, que pretende favorecer "la coparticipación y la corresponsabilidad entre sociedad y Universidad", estará formado por "personalidades de la vida cultural, profesional, económica y social", totalmente ajenas al mundo universitario, y su presidente será designado directamente por las Comunidades Autónomas. Toda una barbaridad, aseguran los estudiantes, que hiere profundamente el principio de autonomía universitaria, puesto que la ley favorece la entrada, por la puerta grande, de políticos en las aulas.

       Este Consejo 'extrauniversitario', además, se encargará de nombrar al Gerente y tendrá un enorme peso en la toma de decisiones económicas de las universidades. Por tanto, "personalidades económicas" podrán ingresar en la universidad para, nada menos, intervenir en su gestión, es decir, establecer "los precios de las enseñanzas propias, los cursos de especialización y demás actividades autorizadas a las Universidades", según reza el documento. Ante semejante concesión a las empresas privadas, los universitarios echan de menos un apartado que especifique que ninguno de los miembros del Consejo Social podrá emplear en beneficio propio su peso en la gestión económica universitaria. Un propuesta que ha sido repetidamente ninguneada por el Ministerio.


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Del Castillo relativiza las protestas asegurando que los estudiantes, "manipulables", no conocen la LOU

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       Los estudiantes se quejan, además, del nuevo sistema de elección del Rector. Hasta ahora, según establecía la Ley de Reforma Universitaria (LRU) socialista de 1983, los alumnos votaban a los miembros del Claustro y éstos al Rector. A partir de ahora, el máximo dirigente universitario será elegido por "sufragio universal directo", según establece el artículo 20. Una medida aparentemente aperturista que, sin embargo, esconde intereses económicos y políticos perjudiciales para la vida universitaria.

       Los aspirantes a rectores deberán sufragar elaboradas campañas electorales que convertirán la Universidad en un escenario político, con candidatos que venden sus atributos al estilo de las universidades americanas de élite. Además de politizar la dirección de la Universidad, la LOU establece tácitamente la participación de poderes empresariales en los gastos derivados de la campañas electorales de los candidatos. Lejos de admitir una voluntad privatizadora en esta iniciativa, Del Castillo sólo ve a unos rectores temerosos de perder los privilegios logrados gracias a la excesiva burocratización derivada de la anterior normativa socialista.

       Otros puntos de la LOU criticados por las diversas asociaciones que se han movilizado durante los últimos meses son la pérdida de peso porcentual del colectivo estudiantil en la toma de decisiones universitarias o la ausencia de controles de calidad para los centros privados. Los universitarios critican, asimismo, que la LOU olvide el tema de la financiación y que la habilitación de los profesores de la pública sea, finalmente, consecuencia de una decisión arbitraria de los poderes políticos.

      Aprobada la LOU, Del Castillo se enfrenta a la reforma de la educación secundaria y de la Formación Profesional, con una imagen bastante desgastada tras el levantamiento de los universitarios, quienes han asegurado que las protestas no han hecho más que empezar.

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