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icen
que el marcado carácter de los argentinos les hace ingobernables.
Prueba de ello es que en menos de quince días, cinco políticos
han jurado el cargo de presidente. Algunos han ejercido sólo por
unas horas, de forma simbólica, otros han aguantado más
tras prometer acabar con todos los problemas del país en sólo
un mes. El causante de tanto ajetreo presidencial no ha sido otro
que un inofensivo utensilio de cocina llamado cacerola.
La clase media ha aguantado los excesos de los políticos
argentinos durante los últimos cinco años como una olla exprés.
El malestar se iba cociendo por dentro a medida que los dirigentes
apretaban la válvula del ajuste económico a golpe de orden del
Fondo
Monetario Internacional (FMI). Pero esta olla explotó
el pasado 20 de diciembre. El candado puesto por el ex ministro
de Economía, Domingo Cavallo, a los ahorros de los ciudadanos
depositados en los bancos fue la gota que colmó el vaso. Así se
inició una protesta más urbana que rural que a golpe de
cacerola transmitía la impotencia de unos ciudadanos engañados
y atracados por los políticos.

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Adolfo
Rodríguez Saá prometió
crear
un millón de empleos en un mes.
Nunca dijo cómo lo haría.
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La primera cacerolada
logró la dimisión de Cavallo y el entonces presidente Fernando
De la Rúa. La segunda puso en su sitio, es decir lejos del
poder, a Adolfo
Rodríguez Saá, un personaje que formó gobierno con algunos
compañeros de oscuro pasado y que prometió crear un millón de
empleos en un mes. Nunca dijo cómo lo haría. El actual presidente,
Eduardo Duhalde, juraba su cargo en el palacio presidencial
mientras en la calle, miles de porteños volvían a hacer sonar
sus cacerolas.
El
origen de este conflicto social es la crisis del sistema financiero
argentino. En 1998 comenzó a gestarse una deuda pública que
en estos momentos supera los 130.000 millones de dólares,
de los que más de 70.000 se deben al exterior. Siete años atrás,
en 1991, el entonces presidente Carlos
Menem había dado luz verde a la paridad entre le peso
argentino y el dólar de Estados Unidos. La tercera economía
latinoamericana contaba a partir de entonces con una moneda
demasiado fuerte que dificultaba las exportaciones
de los productos nacionales. Esto hizo que la actividad económica
cayera varios puntos año tras año hasta llegar al actual extremo:
el 75% del PIB proviene del consumo privado. El ex
ministro Cavallo, coaccionado por las directrices
del Fondo Monetario Internacional (FMI), confeccionó entonces
una estricta política de déficit cero. El Estado no podía
gastar más de lo que ingresara aunque supusiera recortar
un 13% las pensiones de los salarios de los funcionarios.

De nada sirvió esta
medida. Tampoco los 40.000 millones de dólares que la
comunidad financiera internacional puso a disposición de Cavallo
en el 2000, ni los 8.000 del pasado año. España puso su granito
de arena aportando mil millones. Los argentinos eran conscientes
de que el barco se iba a pique y la fuga de capitales
al extranjero se disparó. Paralelamente, el Estado recaudaba
cada vez menos. Las reservas monetarias del país disminuyeron
hasta niveles alarmantes. De los 25.623 millones
de dólares en depósitos que en enero de 2001 garantizaban la
solvencia del Estado se ha pasado a los 14.608 en diciembre
del mismo año.
Fue
en este instante cuando el Ejecutivo de De la Rúa decretó
la inmovilización de los depósitos bancarios para que
los ciudadanos sólo pudieran disponer en efectivo de 1.000 pesos
mensuales, unos 1.100 euros. Este decreto, apodado popularmente
como “el corralito”, tocó la fibra sensible a la clase
media del país que se lanzó a las calles con sus cacerolas.
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14 millones de argentinos no tienen cuentas corrientes
ni dinero con los que pagar los recibos de la luz, el
agua o el teléfono
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El siguiente episodio
ya lo conocemos: cinco presidentes en menos de 15 días. La primera
medida del peronista Eduardo Duhalde, actual inquilino
de la Casa Rosada, ha sido la devaluación de la moneda cerca
de un 30%, lo que ha beneficiado las exportaciones.
Las
empresas extranjeras que acudieron a la privatización de las compañías
públicas argentinas en la década de los 90 han salido muy perjudicadas
de todo este proceso. Entre ellas, las españolas (nuestro país
es el segundo inversor tras Estados Unidos) Telefónica,
SCH, BBVA,
Gas
Natural, Repsol,
Aguas de
Barcelona, entre otras muchas, que pueden dejar de ganar miles
de millones. Pero también es cierto que unos 14
millones de argentinos no tienen cuentas corrientes
ni dinero con los que pagar los recibos de la luz, el agua
o el teléfono.

Por si todo esto fuera
poco, las relaciones del nuevo Gobierno con el FMI han empeorado.
El viceministro de Economía y secretario de Planificación Económica,
Jorge Tordera, harto ya de tantas presiones internacionales
ha dicho a los responsables de este organismo que “no hablen si
no tienen nada interesante que decir”. Washington tampoco comparte
la política proteccionista y el intervencionismo
estatal en la economía ordenado por Duhalde.
Los
argentinos han perdido su alegría natural. Sienten que han sido
empujados a empobrecerse y sus esperanzas se han
desvanecido. La clase política está totalmente desacreditada. Las
colas ante las embajadas de España e Italia son cada vez más numerosas
(más de la mitad de los argentinos tienen ascendencia de estos
países). Son muchos los que ven en Europa la única salida a su
futuro y un lugar donde empezar una nueva vida.
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